El PSOE pregunta a Toni Pérez si la negativa a indemnizar a los Puchades está relacionada con cuestiones políticas del PP
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha alertado de la cantidad que tendrá que pagar cada vecino, a través de impuestos o con recortes, durante los próximos años y durante varias generaciones, para cubrir la sentencia del TSJ sobre los terrenos de Serra Gelada. “Cada contribuyente deberá de aportar aproximadamente 7.500 euros a las arcas públicas, a través de impuestos o de recortes de servicios, lo que afectará a varias generaciones de benidormenses”, ha indicado la portavoz, en referencia a la distribución de los 333 millones de euros de la sentencia de Serra Gelada.
Escoda ha recordado que fue el PP de Toni Pérez el que “en 2003 firmó el acuerdo con los propietarios de los terrenos, con el voto en contra del PSOE, y que años más tarde cambió su postura por impulsos y por oscuros intereses, que deberá aclarar”. El Grupo Socialista ha formulado hoy una batería de preguntas al Gobierno local sobre este tema, entre las cuales figura si el viraje en la postura de Pérez y que tanto perjuicio puede traer a Benidorm, se debe a una vendetta personal contra una rival política. La pregunta es la siguiente: “El cambio de postura del Gobierno del PP ¿es una venganza política para perjudicar los intereses de quienes apoyaban a un partido rival?”. La respuesta del Gobierno ha sido afirmar que “no entienden la pregunta” y que han seguido criterios técnicos.
La dirigente socialista ha lamentado que “la prepotencia y la chulería del alcalde hayan llevado a Benidorm a un precipicio”. “En lugar de defender y salvaguardar los intereses de los ciudadanos de Benidorm creemos que el primer edil se ha guiado por el cálculo político. Ante esta situación no puede permanecer ni un minuto más en el cargo”, ha añadido. Así, ha recordado que el Gobierno de Agustín Navarro renovó el convenio en 2010 y 2013 ante la amenaza de un recurso similar al perdido ahora por Pérez, y que no había otra salida por los derechos adquiridos por los propietarios de los terrenos a raíz del convenio de 2003 que votó el PP en solitario.
Con todo, Escoda ha reiterado el apoyo del PSOE al recurso del Ayuntamiento al Supremo, y ha solicitado en la Comisión de Urbanismo que el Gobierno local acepte la propuesta de diálogo de los propietarios, con el fin de minimizar el daño económico al municipio, a lo que no ha obtenido respuesta.
