Cristina Escoda denuncia que esta revisión de precios de más de 800.000 euros podría no ajustarse a la legalidad y, además, suponer una nueva subida del recibo de la basura
El gobierno de Toni Pérez ha aprobado, con los votos en contra del grupo municipal socialista en el pleno en el pleno extraordinario celebrado hoy, la propuesta económica de ejecución de servicios de recogida de residuos y limpieza viaria para este año 2025, por un importe de más de 15 millones de euros, saltándose hasta cuatro reparos de la Intervención municipal. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha criticado que, a pesar de las graves advertencias del departamento de fiscalización municipal, “el PP ha votado a favor de una revisión de precios del contrato que creemos que podría no ajustarse a la legalidad, que contempla un incremento de más de 800.000 euros respecto al año anterior y que podría suponer una nueva subida del recibo de la basura”.
Escoda ha recordado que el alcalde intentó llevar “de tapadillo y por urgencia”, como despacho extraordinario, este punto al pasado pleno del mes de febrero, “sin dejarnos apenas tiempo para estudiar la extensa documentación del expediente”. “Esta es la forma de gestionar y gobernar del señor Pérez, que no ha sido capaz de licitar en siete años un nuevo contrato de la basura y por el que va a pagar esta año casi un millón de euros más”, ha destacado.
La dirigente socialista ha lamentado que el alcalde vuelva a saltarse las advertencias de la Intervención en la tramitación de todo lo relacionado con el contrato de la basura. “Aprobaron un nuevo contrato con informes en contra que terminó tumbando el TACRC, y han vuelto a aprobar, como en años atrás, la revisión de precios pese a los reparos “, ha remarcado.
Por último, la concejal ha desvelado que la empresa concesionaria envió una carta al Ayuntamiento advirtiendo que podría dejar de prestar el servicio si su propuesta era rechazada, y ha remarcado que el alcalde y su equipo de Gobierno han demostrado con su voto “estar más del lado de las empresas que de los intereses de los vecinos y vecinas. “Si vemos un riesgo para los intereses de la ciudadanía, siempre vamos a votar en contra y, en este caso, ha sido así. Lo que debería de haber hecho el gobierno en todo este tiempo es haberse sentado con los departamentos y llegar a una solución consensuada para llevar a pleno una propuesta sin reparos”, ha afirmado.
Informe de Intervención
En cuanto al informe de intervención, la portavoz ha detallado que advierte que “desde el ejercicio 2023 no se ha llevado a cabo la revisión de los precios con la variación anual del IPC del mes de diciembre del año anterior”. En este sentido, señala que “la propuesta económica de continuidad del servicio no se formula a los precios reales a los que se debería realizar cuando además corresponde a la administración y no a la empresa la exigencia de que estuviesen fijados, incumpliendo el principio de eficiente utilización de los fondos públicos que debe regir toda actuación municipal, por lo que se formula reparo en base a los artículos 1 y 210 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre”.
El segundo de los reparos indica que es “insuficiente la justificación del concepto de ‘Mantenimiento de contenedores soterrados’, concepto que no aparecía en el ejercicio 2022 ni 2021 ni 2020 ni tampoco en el ejercicio 2019”, y recalca que “no cabe el establecimiento genérico de este coste sino indicar el coste real de este servicio y liquidarse los importes a cuenta pagados por el Ayuntamiento en los ejercicios 2023 y 2024”. En cuanto al tercer reparo, Intervención expone que el coste total en alquileres aumenta en 548.772,00 euros, pasando de 1.529.756 euros en 2024 a 2.078.528 euros en 2025, esto es un 35,87% más. Además, remarca que “no se entiende que la propuesta incluya el coste duplicado para todo el ejercicio, tanto en propiedad como en régimen de alquiler”, por lo que “la propuesta económica de continuidad del servicio no se formula a los precios reales ni con los recursos adecuados a los que se debería realizar, incumpliendo el principio de eficiente utilización de los fondos públicos que debe regir toda actuación municipal”.
El último reparo se centra en la forma de facturación y revisión mensual de precios, y apunta que “no se observa para este ejercicio, como tampoco se hizo en 2023 y 2024, la aplicación del 85% al IPC, que sí se realizó para los ejercicios 2021 y 2022. Así, destaca que, en consecuencia, “la aplicación de la fórmula propuesta después de aplicar la revisión de variación del IPC anual y la no aplicación del 85% al mismo incrementa el coste del servicio generando un beneficio extraordinario para la contratista de forma injustificada, lo que es lesivo para el Ayuntamiento y contrario a la eficiente utilización de los fondos públicos que debe regir toda actuación municipal”.
