La portavoz socialista critica que, tras una semana, el alcalde no se ha vuelto a reunir con los grupos de la oposición para exponer las fórmulas planteadas por los técnicos para hacer frente a este desembolso millonario
Cuando ha pasado ya más de una semana de la fatídica noticia del rechazo del Tribunal Supremo al recurso que interpuso el Ayuntamiento contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que condenaba al Consistorio a pagar 330 millones de euros a los propietarios del suelo afecto por el APR-7 en la Serra Gelada, desde el grupo municipal socialista han censurado que poco o nada se sabe del siguiente movimiento que va a dar el gobierno de Toni Pérez. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha señalado que el silencio y hermetismo se ha apoderado del equipo de Gobierno, del PP, que no ha transmitido ningún tipo de información a los grupos de la oposición desde las pasadas juntas de portavoces del 3 y 4 de abril.
Así, Escoda ha detallado que en la primera de estas reuniones tan solo se dio traslado de la providencia del Tribunal Supremo, y en la segunda se explicó que el alcalde se había reunido con los técnicos municipales de las áreas jurídica y económica para explorar todas las vías para seguir defendiendo el interés general de todos los vecinos y vecinas de Benidorm. “Desde entonces no sabemos nada más”, ha lamentado.
En este sentido, la concejala ha afeado al gobierno que no les hayan comunicado, ni tan siquiera, si los técnicos han avanzado ya esas posibles vías para defender el interés general o, por ejemplo, que fórmulas han planteado para que el Ayuntamiento pueda atender la ejecución de sentencia confirmada por el Supremo que obliga a la caja municipal a afrontar un desembolso de 330 millones. “El primer edil llegó a decir que los técnicos habían abierto un abanico de posibilidades, que hay que concretar, para atender esa responsabilidad patrimonial. Unas posibilidades que desconocemos por completo”, ha expuesto.
Por último, Escoda ha criticado las falsedades y mentiras contrastables que vertió el alcalde ante los medios de comunicación hace una semana y ha insistido en que Toni Pérez es el máximo responsable de la quiebra económica del Ayuntamiento que va a suponer la sentencia del TSJ, ya que el convenio vino de su mano en el 2003 y fue defendido y ratificado con su voto el 2010. “Toni Pérez apoyó unos convenios otorgándoles a los propietarios unos derechos y, posteriormente, por algún asunto alejado del interés general de Benidorm, le quitó esos mismos derechos que han provocado ahora esta demoledora sentencia”, ha indicado.
