El PSOE denuncia que esta subida de impuestos se suma al incremento del 23% de IBI y el 72% de la basura aprobada por el gobierno de Toni Pérez en noviembre
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm ha denunciado que el gobierno de Toni Pérez vuelve a llevar a pleno los pliegos de condiciones del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos con hasta seis reparos del departamento municipal de Intervención. Antonio Charco, concejal socialista encargado de fiscalizar el área de Contratación, ha destacado que es un “auténtico escándalo” que después de 5 años con un contrato caducado insistan en aprobar unos pliegos con reparos del que es, sin ninguna duda, el contrato del siglo para Benidorm y que supondrá un coste de más de 360 millones de euros para las arcas municipales. Así, Charco ha alertado que para afrontar la correcta financiación del enorme aumento del gasto que supone este nuevo megacontrato, “se prevé un nuevo sablazo a los contribuyentes de más de 10 millones de euros”.
Charco ha explicado que para dar estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera al nuevo contrato de la basura se tiene que subir otra vez el recibo del IBI y la tasa de basura para recaudar más de 10 millones en los próximos años. Esta cantidad se sumaría a la subida aprobada por el gobierno de Toni Pérez el pasado 27 de noviembre del 23% del IBI y del 72% de la basura, y que conjuntamente supondrán un desembolso extra para vecinos y tejido empresarial de 16 millones en 2024. “Al final, tendremos que pagar entre todos estos 26 millones de euros de más, unos 1.000 euros por hogar, por un nuevo contrato sobre el que el departamento económico municipal sigue teniendo muchas dudas”, ha recalcado.
En este sentido, ha detallado que los contribuyentes pagarán en tres años un 140% más por la tasa de basura que lo que han pagado en 2023, y un 33% más por el recibo del IBI.
Para finalizar, el edil socialista ha señalado que Intervención continúa cuestionando los criterios de adjudicación y la duración del contrato, fijada en 15 años más uno de transición, puesto que con esta duración “nos encontraremos los últimos 5 años con una maquinaria obsoleta y con unos costes de mantenimiento exagerados y en condiciones muy precarias con numerosas averías que incidirán en la calidad del servicio prestado”.
